En esta España de tan laxa moral, parece que podemos instar a la RAE a que suprima el verbo dimitir del diccionario y aproveche el hueco para introducir alguno de esos nuevos términos asociados a la era digital que vivimos.
En un país en el que la CNMC calcula que la corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros al año, nos sobran sin embargo dedos de una mano para contar los casos en los que se asumen responsabilidades.
Y cuando esto ocurre, siempre tras escándalos de monstruosas dimensiones, que ni siquiera la prensa afín puede silenciar, entonces se recurre a las fórmulas más imaginativas para agradecer los servicios prestados (porque siempre se agradecen a pesar de la desfachatez que supone el acto de reconocer a un corrupto) y garantizar su silencio. Recuerdan a Trillo escoltando a Camps el día que se hizo a un lado defendiendo su intachable honradez?
La más cómoda es la salida a hombros por la puerta de atrás en la que el afectado simplemente solicita la baja del partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto, con la condena que supone compartir asiento con el apestado recién llegado. Menos mal que las cámaras apenas prestan atención a lo que ocurre en los gallineros de los parlamentos.
La siguiente salida, más que honrosa, consiste en recolocar al susodicho en una empresa pública, privada o privatizada. Según el caso, la operación se realiza inmediatamente a la dimisión o se espera unas semanas para evitar altercados en las calles. Ya si ocurren en las redes, se la trae al pairo. Y así seguimos, recompensando tan loables prácticas elección tras elección...
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