Así pues, las grandes empresas cuyos nombres seguro conocerá, no pagan ni un 1% de lo que facturan, mientras los estados miembros no pueden aplicar un IVA del 4% a compresas, tampones y preservativos, aunque su Parlamento lo haya aprobado, como es el caso de España, porque Europa lo impide.
Cuestión aparte es el margen que tiene cada gobierno para encasillar unos u otros productos o servicios en el porcentaje máximo o intermedio. Parece que hay consenso en que los artículos de lujo paguen el 21%, pero no resulta lógico que ese mismo porcentaje se aplique a los pañales o al recibo de la luz, convirtiéndolos para muchos españoles en bienes de lujo muy a su pesar. Sin embargo, escasean las propuestas para, al menos, reducir su IVA al 10% equiparándolos por ejemplo, con el que nos aplican cuando comemos en un restaurante, por muchas estrellas Michelín que ostente.
Es evidente que España necesita recaudar más para cuadrar las cuentas, pero no debería ser óbice para actualizar la clasificación de productos y servicios en cada categoría y, tal vez, plantearse un tipo superior para los artículos de lujo, que los separe, aunque sea mínimamente del que soporta una llamada telefónica.
Para acabar, se calcula que entre un 16 y un 25% de los servicios prestados en nuestro país no soportan IVA. No porque estén exentos, sino por esa manía patria de rechazar la correspondiente factura. Por aquí también hay margen para recaudar...
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