Un secretario de Estado de Hacienda de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo en 2015 que cada euro invertido en combatir el fraude fiscal, había devuelto 9,37.
En 2017 el Presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda advertía de que la situación de la Agencia Tributaria estaba al límite, contando con 3000 funcionarios menos que en 2009 y bajando. Las fechas no son casuales. España cerró ese 2009 con un 11% de déficit (en cristiano 117.000 millones de euros). Afortunadamente esa cifra ha ido disminuyendo con el paso de los años, mientras la deuda pública engordaba hasta situarse en el entorno del billón de euros. Puestos un número tras otro, asusta más: 1.000.000.000.000€. Tocamos a algo más de 22.000€ por cada español vivo (incluyendo en la división a todo empadronado entre 0 y 125 años).
Vistas las cifras, y lo rentable que sale apostar por combatir el fraude, cabe preguntarse por qué no se ha invertido en ello. Y más bien al contrario, se han recortado los recursos económicos y humanos de la Agencia Tributaria durante estos difíciles años en los se han tomado trágicas decisiones.
No busquen la respuesta. No la van a encontrar
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